Con
el cambio de Gobierno, los y las estudiantes tenemos la obligación de
seguir organizándonos para exigir las mejoras que la educación pública
merece. Las reformas laborales de los últimos años han hecho que existan
grandes dificultades económicas en nuestros hogares debido a las
condiciones laborales precarias y sueldos miserables. Todo esto hace
que, año tras año, haya miles de estudiantes que no puedan empezar o
seguir sus estudios. Es una tarea fundamental la recuperación de más de
70000 estudiantes que el sistema ha expulsado a través de la exclusión
social. Los recortes de los últimos años, los bajos presupuestos
invertidos en educación y las políticas educativas enfocadas a la
creación de mano de obra barata, todo esto tiene que acabar. La
educación es un derecho, no un privilegio. Debemos exigir que se cumpla
todo lo que se ha prometido en el acuerdo de gobierno. Creemos, además
que los cambios necesarios son mucho más profundos que los que plantean
en el sector educativo. El ejemplo más claro es la promesa de bajar las
tasas y aumentar las becas. Lxs estudiantes de clase trabajadora
necesitan una lógica educativa diferente, que deje de centrar la
atención en la obtención de resultados y permita compaginar el estudio
con el trabajo, de tal manera que sea posible incluso poder estudiar a
tiempo completo sin tener que recurrir a las familias. Para ello es
necesario, no solo rebajar los requisitos económicos de becas y aumentar
la cantidad, sino eliminar las tasas completamente y rebajar las
exigencias académicas de las becas, bajando ambas la nota media
necesaria y los créditos matriculados mínimos. La educación es de todas y
todos. No al plan Bolonia.
Por otro lado, sabemos que desde muchos sectores de la educación se lleva luchando años para conseguir la derogación de la LOMCE, por tanto, creemos indispensable que si se aprueba una nueva Ley Básica de Educación debe ser de la mano, y con los debates y reflexiones que ello merece, de toda la comunidad educativa. Además, hay que aumentar la dotación presupuestaria para educación. La lógica de actuación de todos los gobiernos, sean centrales o autonómicos, ha sido el recorte. En Andalucía, el Gobierno del “trifachito” lleva en pie de guerra contra los centros públicos desde el principio de la legislatura, tratando de maquillar el cierre de líneas y el aumento de la ratio con el eufemismo de la eficiencia educativa. Cuando estaba el Ejecutivo de Rajoy, era el gobierno de Susana Díaz el que recortaba sin piedad. Por eso, lejos de delegar nuestra confianza en el nuevo gobierno, reafirmamos que no será desde las instituciones desde donde saldrán las mejoras, sino de las calles organizadas por sus derechos.
La Universidad de Granada es en sí un ejemplo de que no podemos delegar en manos de las instituciones nuestra educación, ya que son mayores los intereses económicos que un verdadero interés por garantizar una educación pública, feminista, gratuita, laica y de calidad. A lo largo de los cursos pasados, la UGR, con Pilar Aranda a la cabeza, ha demostrado una negligencia total y una falta de preocupación explícita hacia las necesidades de los y las estudiantes. Muestra de los oídos sordos que se han hecho hacia la voluntad del estudiantado es la negativa a ofrecer la formación del B1 gratuita. Ya que es un título que se exige a la hora de acceder al propio título del grado y, por tanto, debería ofrecerse de forma pública y gratuita. Si bien en nuestra universidad tenemos la posibilidad de presentarnos a un examen gratuito que oferta la universidad, no nos engañemos, se trata de una victoria sindical fruto de la movilización constante de los y las estudiantes, una victoria que demuestra que la lucha sirve y que es la única manera de generar presión para mejorar nuestra situación. Además, el plan de igualdad del que tanto se vanagloriaba Pilar Aranda ha resultado ser totalmente inútil cuando encontramos un caso de acoso sexual en nuestra universidad en el cual, a la denunciante sólo se le ponen impedimentos desde las instituciones a la hora de denunciar al profesor que la acosaba y que finalmente, termina con la suspensión del profesor durante 90 días de su trabajo, sin mayor repercusión ante un caso de tanta gravedad.
Debemos enfrentarnos a la realidad de que el discurso de la extrema derecha se está normalizando dentro de las instituciones, y que es cada vez más difícil abordar el tema dentro de los espacios colectivos sin que se incurra en prohibiciones intolerables de la actividad política dentro de la UGR. Ante esto debemos ser tajantes: la protección de la libertad de expresión pasa por la depuración de la institución universitaria, la eliminación de simbología fascista y/o franquista de todos los espacios y la implantación crítica de una normativa que impida la proliferación del discurso de odio. Los y las estudiantes tenemos que impedir que el discurso de la extrema derecha se lleve a cabo dentro de nuestros centros de estudios mediante charlas o actos. Mediante la organización de la juventud debemos demostrarles que no vamos a dejar ni el más mínimo espacio para sus ideas de odio, machistas y xenófobas.
Por todo ello, desde la Unión Sindical Estudiantil (USE) estamos convencidas y convencidos de que la mejor forma de poder defender una escuela pública, laica, feminista y de calidad es organizándonos. Como estudiantes debemos equiparnos de una herramienta que sea permanente en el tiempo, un sindicato estudiantil, que nos permita reflexionar y llevar a cabo prácticas diarias en cada centro de estudio que mejoren las condiciones de estudio de los y las estudiantes. Hay que seguir el ejemplo de los sectores que día a día luchan por las mejoras para los y las trabajadoras así como para la juventud: lxs pensionistas, el movimiento feminista o incluso la comunidad educativa a pequeña escala, como en Granada, que ha conseguido que el Delegado de Educación dimitiera tras sus intentos de unificar centros o de eliminar algunas líneas en zonas rurales, en pos de recortar en la educación pública. Por último, defendemos que cada acción de protesta que se lleve a cabo sea de manera unificada, tanto con el resto de la comunidad educativa y de trabajadorxs, como con otras organizaciones estudiantiles o políticas. Sólo mediante la unificación de las luchas podremos realmente conseguir mejoras para los y las estudiantes, así como para la clase trabajadora en su conjunto.
Por otro lado, sabemos que desde muchos sectores de la educación se lleva luchando años para conseguir la derogación de la LOMCE, por tanto, creemos indispensable que si se aprueba una nueva Ley Básica de Educación debe ser de la mano, y con los debates y reflexiones que ello merece, de toda la comunidad educativa. Además, hay que aumentar la dotación presupuestaria para educación. La lógica de actuación de todos los gobiernos, sean centrales o autonómicos, ha sido el recorte. En Andalucía, el Gobierno del “trifachito” lleva en pie de guerra contra los centros públicos desde el principio de la legislatura, tratando de maquillar el cierre de líneas y el aumento de la ratio con el eufemismo de la eficiencia educativa. Cuando estaba el Ejecutivo de Rajoy, era el gobierno de Susana Díaz el que recortaba sin piedad. Por eso, lejos de delegar nuestra confianza en el nuevo gobierno, reafirmamos que no será desde las instituciones desde donde saldrán las mejoras, sino de las calles organizadas por sus derechos.
La Universidad de Granada es en sí un ejemplo de que no podemos delegar en manos de las instituciones nuestra educación, ya que son mayores los intereses económicos que un verdadero interés por garantizar una educación pública, feminista, gratuita, laica y de calidad. A lo largo de los cursos pasados, la UGR, con Pilar Aranda a la cabeza, ha demostrado una negligencia total y una falta de preocupación explícita hacia las necesidades de los y las estudiantes. Muestra de los oídos sordos que se han hecho hacia la voluntad del estudiantado es la negativa a ofrecer la formación del B1 gratuita. Ya que es un título que se exige a la hora de acceder al propio título del grado y, por tanto, debería ofrecerse de forma pública y gratuita. Si bien en nuestra universidad tenemos la posibilidad de presentarnos a un examen gratuito que oferta la universidad, no nos engañemos, se trata de una victoria sindical fruto de la movilización constante de los y las estudiantes, una victoria que demuestra que la lucha sirve y que es la única manera de generar presión para mejorar nuestra situación. Además, el plan de igualdad del que tanto se vanagloriaba Pilar Aranda ha resultado ser totalmente inútil cuando encontramos un caso de acoso sexual en nuestra universidad en el cual, a la denunciante sólo se le ponen impedimentos desde las instituciones a la hora de denunciar al profesor que la acosaba y que finalmente, termina con la suspensión del profesor durante 90 días de su trabajo, sin mayor repercusión ante un caso de tanta gravedad.
Debemos enfrentarnos a la realidad de que el discurso de la extrema derecha se está normalizando dentro de las instituciones, y que es cada vez más difícil abordar el tema dentro de los espacios colectivos sin que se incurra en prohibiciones intolerables de la actividad política dentro de la UGR. Ante esto debemos ser tajantes: la protección de la libertad de expresión pasa por la depuración de la institución universitaria, la eliminación de simbología fascista y/o franquista de todos los espacios y la implantación crítica de una normativa que impida la proliferación del discurso de odio. Los y las estudiantes tenemos que impedir que el discurso de la extrema derecha se lleve a cabo dentro de nuestros centros de estudios mediante charlas o actos. Mediante la organización de la juventud debemos demostrarles que no vamos a dejar ni el más mínimo espacio para sus ideas de odio, machistas y xenófobas.
Por todo ello, desde la Unión Sindical Estudiantil (USE) estamos convencidas y convencidos de que la mejor forma de poder defender una escuela pública, laica, feminista y de calidad es organizándonos. Como estudiantes debemos equiparnos de una herramienta que sea permanente en el tiempo, un sindicato estudiantil, que nos permita reflexionar y llevar a cabo prácticas diarias en cada centro de estudio que mejoren las condiciones de estudio de los y las estudiantes. Hay que seguir el ejemplo de los sectores que día a día luchan por las mejoras para los y las trabajadoras así como para la juventud: lxs pensionistas, el movimiento feminista o incluso la comunidad educativa a pequeña escala, como en Granada, que ha conseguido que el Delegado de Educación dimitiera tras sus intentos de unificar centros o de eliminar algunas líneas en zonas rurales, en pos de recortar en la educación pública. Por último, defendemos que cada acción de protesta que se lleve a cabo sea de manera unificada, tanto con el resto de la comunidad educativa y de trabajadorxs, como con otras organizaciones estudiantiles o políticas. Sólo mediante la unificación de las luchas podremos realmente conseguir mejoras para los y las estudiantes, así como para la clase trabajadora en su conjunto.
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